Según datos oficiales del gobierno cubano, existen 3,7 millones de viviendas en la isla de las cuales el 85 % son propiedades privadas. En la actualidad, los cubanos pueden comprar y vender casas y apartamentos, después de decadas de no poder hacerlo.

El gobierno socialista de Cuba aprobó en noviembre 2011 el Decreto Ley 288, que modifica la Ley General de la Vivienda de 1988, y liberaliza la transmisión de la propiedad de viviendas, la cual puede ejercerse mediante compra-venta, permuta, donación o adjudicación.

La nueva Ley “tiene como fin eliminar prohibiciones y flexibilizar trámites y limitaciones existentes y contribuye a la solución de disponibilidades habitacionales del país mediante el acomodo natural y espontáneo de las personas”, puntualizó la vicepresidenta del Instituto de la Vivienda, Magalys Piñeiro.

La ley permite la compra-venta para los cubanos con domicilio en el país y los extranjeros residentes en Cuba, (los cubanos en el exterior no puedan adquirir propiedades en la isla). La transacción debe efectuarse frente a un notario público, y el precio pactado entre las partes es pagable a través de un Banco del estado.

En un intento para evitar la especulación, la ley regula que una persona sólo podrá ser dueña de una propiedad urbana y de otra en zonas de recreo (playa, campo).

Desde que en Cuba solamente el 6% de las propiedades están inscritas en el registro de propiedad, la ley exige como requisito para cualquier operación inmobiliaria, que la vivienda sea registrada en el registro de propiedad para efecto de “garantía jurídica”.

Además, muchos propietarios deben actualizar sus títulos por modificaciones en la construcción u otros cambios no legalizados, lo que deben hacer antes de vender.

Los impuestos derivados de las operaciones de compra-venta de casas representan el 4% del valor del inmueble pactado entre las partes siempre y cuando esta cantidad sea igual o superior al valor de la propiedad actualizado.

Hasta el momento no existe un mercado inmobiliario organizado, y los precios de una casa pueden oscilar entre 10 mil a más de 100 mil dólares, en un país donde el salario mensual equivale a 20 dólares.

“Esta ley no va a resolver el problema de la vivienda, que es muy grave”, opinó Oscar Espinosa Chepe, economista disidente. Pero al mismo tiempo concluye, “va a crear todo un movimiento en sentido positivo, de reactivación de la actividad de construcción, que va a permitir más movimiento”.